Se sancionó la ley para crear una agencia que regule la tenencia de armas.
El Senado dio sanción definitiva al proyecto pedido por la presidenta para disolver el actual RENAR. La agencia tendrá como objetivo reducir la circulación de armas y estará financiada a través de un fondo específico. La iniciativa obtuvo 48 votos a favor y ninguno en contra.
7 de octubre de 2015
El Senado sancionó, en forma definitiva, el proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR), que dependerá del Ministerio de Justicia de la Nación. La nueva norma obtuvo 48 votos positivos y 0 negativos.La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por el secretario general de la Presidencia, Eduardo Wado De Pedro, donde fue aprobado por amplia mayoría el pasado 26 de agosto.
En forma conjunta se aprobó también un proyecto de ley del oficialismo que dispone un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018, del programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego, creado por ley 26.216 y sus modificatorias. Cabe señalar que esta iniciativa obtuvo media sanción.
La senadora Sigrid Kunath afirmó que “esta figura es totalmente superadora al RENAR” y destacó el accionar de “un Estado presente capaz de regular un tema tan particular”.
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En tanto, Laura Montero (UCR) resalto el consenso en las iniciativas y subrayó que ante “el problema de la inseguridad, estas son las cosas que nos tendríamos que abocar a tratar siempre en el Congreso”.
“Obviamente la Senadora Montero desconoce que los legítimos usuarios de armas no son los que precisamente son responsables de la inseguridad” (Nota Aicacyp)
La nueva norma modifica los requerimientos de fiscalización y control de materiales sensibles como armas, explosivos y municiones. Además, establece que los fondos recaudados en el ámbito del sistema de control de armas dejen de ser administrados por un ente privado y pasen al Estado nacional.
Dicho Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada deberá usarse en “programas tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas y promoción de la resolución pacífica de conflictos”.
También será encargado de financiar “capacitaciones a instituciones de la educación” para prevenir la violencia armada y “promover de una cultura de paz”, así como “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias, entre otros aspectos vinculados a la materia que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas”.
Asimismo, se creará el Registro Único de Materiales Controlados que deberá ser administrado por la nueva Agencia, cuyo titular será designado por el Poder Ejecutivo.
La nueva agencia tendrá como objetivos la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos.
Opiniones del autor del proyecto
La iniciativa fue impulsada, entre otros, por el actual secretario general de la Presidencia y exdiputado, Eduardo “Wado” de Pedro, quien manifestó su satisfacción por la sanción de la ley y sostuvo que con la misma se busca crear un organismo que “institucionalice las políticas de control de armas”.
El texto establece que la agencia que reemplazará al Renar será un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo nacional.
“Este nuevo organismo es un gran avance, estamos institucionalizando una política muy exitosas como el Plan de Desarme, que ya destruyó más de 170 mil armas”, señaló De Pedro. Y agregó: “A la violencia urbana se la combate desde distintos ángulos, y desarmar a la sociedad civil es una pata fundamental”.
El nuevo organismo no estará sólo a cargo del registro de armas, sino también de la activa participación en el diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia armada; la agilización del proceso judicial para destruir las armas rápidamente y el establecimiento de mayores requisitos para quienes soliciten la autorización para ser legítimos usuarios.
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