Allanan domicilio y detienen al perito balístico del Superior Tribunal de Justicia en Paraná.
Se trata de Antonio Vitali, ex comisario de la Policía de Entre Ríos. Fue detenido el domingo pasado por la noche en el marco de una investigación sobre venta de armas secuestradas por la Justicia que vuelven al circuito delictivo a través del mercado ilegal.
Sin pausa avanza la investigación por el robo y ventas de armas y otros elementos que se encontraban en la sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná.
Se pudo conocer que el viernes pasado personal policial de la División Robos y Hurtos allanó la Sala de Pericias, que estaba bajo la órbita del perito balístico del Superior Tribunal de Justicia Antonio Daniel Vitali. También se efectuó otro procedimiento en un depósito interno de Tribunales que era utilizado por el expolicía. De los lugares se retiraron elementos que quedaron a resguardo de la Fiscalía.
Las pruebas recolectadas hasta el momento son contundente contra siete de los ocho acusados. Sin embargo, todavía el caso no está cerrado y no se descarta que haya más implicados.
Según la imputación, Vitali era el jefe de la organización, el empleado judicial Maximiliano Bertoni quien sacaba las armas, Javier y Horacio Brítez (padre e hijo) quienes las aguantaban en una vivienda, y Mario López Alonso y Eduardo Borgogno se dedicaban a venderlas. Georgina Vega es la única acusada de comprar un arma, y el encargado del Depósito, Fabricio Santapaola, sospechoso de omitir sus funciones básicas.
Vitali, Bertoni, Borgogno y López están con prisión preventiva por 30 días, los demás libres pero con restricciones. Mientras tanto, las autoridades judiciales iniciaron sumarios administrativos que ya fueron comunicados a Vitali, Bertoni y Santapaola, y hasta que se resuelva la causa cobrarán la mitad del sueldo, como lo establece la ley.
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Armas en poder de ladrones
El minucioso y prolijo trabajo que están realizando en forma conjunta el fiscal Aramberry y la División Robos y Hurtos y Criminalística va dando sus frutos.
En los últimos días se incautaron armas de grueso calibre en manos de delincuentes. Estas pistolas figuraban como que estaban bajo la custodia del Poder Judicial. Es más, una de las armas vendidas a delincuentes habría pertenecido a un funcionario policial que se quitó la vida años atrás.
En Tribunales nadie sale de su asombro por la grave denuncia que se hizo pública hace una semana y que podría derivar en más detenciones.
Dos meses de trabajo
El trabajo investigativo que destapó esta cadena de corrupción comenzó el domingo 14 de febrero, cuando personal de la comisaría cuarta detuvo a un conocido delincuente con un arma de fuego que figuraba como secuestrada. La situación irregular fue puesta en conocimiento del fiscal Aramberry, quien le pidió a Robos y Hurtos que comenzara a investigar y así lo hizo, logrando desbaratar una organización que ganaba dinero poniendo en peligro a la sociedad.
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El inventario aún continúa
Sin descanso el personal policial junto con empleados judiciales continúan realizando el inventario para conocer la cantidad de armas y otros elementos que hay en el Depósito de Efectos Secuestrados de Tribunales.
Los trabajos se iniciaron el viernes 6 y posiblemente concluyan en los próximos días. Por orden de Aramberry todo el trabajo es filmado. En los últimos días se conoció que el robo de armas se vendría llevando a cabo desde hace unos cinco años.
La intervención de Fortunatto magistrada de Rafaela se debe a que el juez de San Cristóbal, Hugo Ángel Tallarico, se excusó a raíz de que también es el titular del juzgado del cual fueron sustraídas las armas de fuego.
La fiscal Verney le atribuyó a Gorosito el delito de “peculado”; mientras que su compañero Britos fue considerado “partícipe necesario del delito de peculado”, “autor de los delitos de portación ilegítima de arma de guerra; y supresión de numeración y provisión de arma de fuego; todo en concurso real”, según informaron desde la oficina de prensa del Ministerio Público de la Acusación.
Tal como se expuso durante sendas audiencias, entre enero y marzo de este año, 21 armas de fuego de distinto tipo y calibre fueron sustraídas del juzgado correccional.
Las armas estaban en la sala de efectos, a la cual se accede a través de una puerta; además, existe otra puerta interna con una pequeña habitación. Ambas puertas fueron abiertas con un elemento distinto a la llave verdadera, según se pudo constatar.
Fuente: El Palacio.net
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aldred
Gastan dinero de los contribuyentes,para sancionar una ley que no tiene ninguna utilidad.
Como le van a hacer el registro balístico a 1.500.000 armas que estan en manos de delincuentes.
Siempre apuntando a lo facil,o sea los Legítimos Usuarios.
Dan verguenza que dilapiden nuestros impuestos en esas taradeces!!!!!!