Matar en defensa propia ¿Ahora es delito?
Columna de opinión de Marcelo Moreno, publicada en el Diario Clarín del 17 de setiembre.
A pesar del frío económico que pretende doblegar a la inflación, la caída del consumo y el fantasma –muchas veces devenido en realidad– de la desocupación, la inseguridad sigue peleando en las encuestas el tope de las preocupaciones argentinas. Y en los sondeos de opinión de la Provincia de Buenos Aires no hay vacilaciones: el miedo al tiro del final puede con las angustias del bolsillo.
No es para menos: en esa provincia, que aglutina la mayor cantidad de población del país, “los policías son ladrones, los guardiacárceles les abren las puertas a los presos y los jueces le tienen aprensión a firman condenas efectivas”. La valiosa y valerosa cita corresponde a mi compañero Rolando Barbano, quien en esa misma columna publicada en Clarín da cuenta que “hay 5 millones de menores de 17 años debajo de la línea de pobreza y 85 delitos denunciados por hora”. Las víctimas se acumulan: una cada dos días.
Es cierto que, como informa Barbano, en lo que va del año 56 asaltantes murieron en tiroteos. La cuestión es que el número de los inocentes asesinados lo dobla con holgura: son 116.
El caso del médico Villar Cataldo, que mató a un asaltante con tiros efectuados a corta distancia y del carnicero Oyarzún, que persiguió en auto a los ladrones que acababan de robarle, atropellándolos y matando a uno de ellos, ha desatado una discusión sobre la legitimidad de la defensa y el uso de armas por parte de civiles.
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Lo último casi no necesita explicación. La Bonaerense tenía 50 mil efectivos cuando Scioli asumió la conducción, por así decirlo, de la Provincia. El ex gobernador se muestra muy orgulloso de haber acrecentado ese número hasta constituir un verdadero ejército de casi 90.000. El problema es que ese descomunal aumento pudo haber servido como seguro de desempleo encubierto, pero los números del delito se mantuvieron y hasta crecieron con una Policía mal entrenada, peor equipada y con una tendencia pavorosa a mezclarse con los delincuentes en vez de atraparlos.
Entonces, que un ciudadano al cual el Estado se muestra incapaz de defender –una estación de servicio de Tolosa, La Plata, por poner un ejemplo, lleva padecidos 300 asaltos en los últimos cincos años– se arme en defensa propia, no debería ser motivo de escándalo.
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Es cierto que en muchos casos el asaltante es una víctima de un sistema de cruel desigualdad, de falta de oportunidades, de entornos siniestros y educación casi nula. Pero elige. La abrumadora mayoría de los habitantes de las miles de las villas miseria no son delincuentes. Y sufren tanto o más que ellos esas condiciones paupérrimas que los convierten en víctimas sociales. La yugan, la padecen, la pasan muy mal y sin embargo creen en sí mismos, en su capacidad de soportar o superar la adversidad y muchos albergan la esperanza de un futuro mejor. Por eso no salen masivamente “de caño” para matar por un celular. Es decir, no devienen de víctimas en victimarios.
Cuando se opta por convertirse en un victimario y se va con un arma a apropiarse de lo que tiene un desconocido, la intención de matar a quien no le infirió ofensa alguna es nítida. Si el que ataca recibe fuego contrario del atacado, ¿cuál es la discusión?
Mejor sería que hubiera una Policía honesta, entrenada, equipada y, sobre todo, eficaz. Pero no.
Fuente: Diario Clarín
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