Buenos Aires, 23 de marzo de 2017
Al Señor Ministro de
Justicia y Derechos Humanos
Dr. Germán Garavano
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
A través de la presente, como Presidente de la Cámara que representa a toda la cadena comercial del sector, desde fábricas a comercios minoristas y a muchos Legítimos Usuarios, deseamos expresar nuestra más profunda preocupación ante la inminente implementación de un sistema monopólico de tramitación de certificados de aptitud psicofísica para todo el país.
Por Resolución ANMAC 23/2016 del 22 de Noviembre de 2016, se creó el Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos para acceder a la condición de legítimo usuario. El proceso avanzó con la realización de un Concurso Público del que solo participaron tres empresas, dos de las cuales presentaron ofertas que fueron desestimadas.
Así las cosas, Dienst Consulting SA, la única participante que llegó al final del proceso propuso un precio por prestación de $4500. Comparado el mismo con el costo actual de entre $.600 y $.800.- de esos certificados, que pueden ser emitidos libremente por un profesional debidamente habilitado, implica un incremento del 650% sobre el valor de mercado del mismo servicio. Por otro lado no será posible realizar esta prestación en cualquier lugar del país, ya que esta prestación solo será brindada en determinadas ciudades, obligando a los usuarios trasladarse
Este incremento no solo paralizará la actividad comercial afectando miles de puestos de trabajo sino que más de 600.000 usuarios individuales civiles no tendrán los recursos suficientes para afrontar este desembolso que no responde a ningún precio de mercado. Tampoco podrán afrontarlo anualmente todos y cada uno de los vigiladores de empresas de seguridad privada ni los miembros activos o retirados de las fuerzas de seguridad que hacen servicios de vigilancia privada.
De llevarse adelante esta iniciativa que entorpecerá la obtención y renovación de la Credencial de Legítimo Usuario de cientos de miles de ciudadanos honestos y cumplidores de la ley, habrá menos usuarios legales, menos polígonos habilitados, más mercado negro, más inseguridad y un Estado que transitará un proceso sin retorno de desconocimiento de quienes tienen armas en Argentina. Proceso que esta Asociación esperaba sea revertido por el actual Gobierno.
Queremos seguir cumpliendo, como siempre se ha hecho y fomentado, con todos los requisitos legales. Sólo pretendemos hacerlo manteniendo la posibilidad de realizarlo libremente en todo el país, con los profesionales matriculados de cada zona.
Por la seguridad de todos, el Estado tiene el deber de conocer quiénes tienen armas en Argentina. Si la actividad y el comercio se obstaculizan hasta detenerlos, todas las armas pasarán a ser ilegales y el Estado habrá perdido una de sus peores batallas. Las armas existen y seguirán existiendo, más allá de cualquier reglamentación, a la que los delincuentes hacen caso omiso. El objetivo es aumentar el mercado legal y reducir a su mínima expresión el comercio y la utilización ilegal de armas.
Cuenta con todo nuestro apoyo y colaboración en la implementación de medidas que se dirijan en esa dirección.
Sin otro particular lo saluda Atentamente
Presidente
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