La entrega voluntaria de armas
La planificación de políticas públicas integrales de control de armas de fuego es fundamental para evitar el desvío de armas a la ilegalidad. Sobre el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego opinó para Télam Natalia Gambaro, directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) ex RENAR.
Cuando se crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), uno de los principales desafíos fue la implementación del plan de restricción de armas de fuego, acorde con los 100 objetivos de gestión del Gobierno Nacional que contempla cuatro áreas de acción: la destrucción de armas de fuego, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el control de permisos de tenencia y portación y la concientización sobre los riesgos de la violencia armada.
La planificación de políticas públicas integrales de control es fundamental para evitar el desvío de armas a la ilegalidad. Por eso trabajamos en forma articulada con los gobiernos provinciales, el poder judicial, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Durante el primer año de gestión esta política permitió la destrucción de 46.352 armas, cifra que superó ampliamente la media anual de armas destruidas en años anteriores, y durante este año 75 mil armas van a tener el mismo destino.
Las armas ilegales provienen, en su mayoría, del robo a depósitos judiciales o policiales, a los agentes de seguridad o a casas particulares. La irrupción de las bandas de crimen organizado en la última década y media, también tuvo impacto en el incremento del mercado negro. La destrucción es el único mecanismo que nos garantiza que las armas de fuego no se filtren por lo que se conoce como robo hormiga y sean utilizadas en delitos.
Para ello, intensificamos el trabajo que se inició el año pasado a través de la firma de convenios con varias provincias para el inventario, traslado y la destrucción de armas, y lo estamos replicando en todo el país. A partir del intercambio de información y la mejora de los procedimientos, tanto de la incautación como del procesamiento y la destrucción se puede contribuir a disminuir la cantidad de armas en el mercado negro.
Las estadísticas demuestran que en la Argentina, más de dos tercios de los homicidios se dan en el marco de las relaciones interpersonales, es decir entre vecinos, parejas, familiares y el entorno íntimo de las víctimas; mientras que menos de un tercio corresponden a muertes en ocasión de robos o asaltos. En estos contextos conflictivos, donde las riñas o peleas pueden terminar con lesiones, la presencia de un arma las convierte en mortales.
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Incluso cuando una persona decide armarse pensando en su seguridad y la de su familia, no tiene en cuenta que la presencia de un arma incrementa la reacción violenta del delincuente que ingresa a una propiedad. La presencia de un arma de fuego en situaciones conflictivas aumenta el riesgo de vida. Y es aquí donde el Estado debe intervenir a través de políticas públicas tendientes reducir el circulante de armas en la sociedad y prevenir los efectos de la violencia armada.
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego consiste en la entrega anónima de armas y municiones a cambio de un incentivo económico con amnistía penal y administrativa. Representa una apertura a la participación ciudadana para la disminución de armas. La finalidad del programa es concientizar a quienes tienen un arma, muchas veces heredada, (o que fue registrada en algún momento pero nunca se hizo cambio de titularidad), sobre el riesgo de accidentes o de ser sustraídas en un hecho de inseguridad.
Cada arma recibida se inutiliza en el momento mediante una prensa hidráulica, se ingresa en un sistema con su número de serie, modelo, año de fabricación y fotografía para luego proceder a su destrucción. Con la incorporación de tecnología, podemos saber qué arma está siendo entregada en cada puesto de recepción y qué incentivo le corresponde en forma automática y tiempo real, garantizando la transparencia de todo el proceso. El sistema a su vez nos permite tomar una decisión muy importante: Si el arma tiene un pedido de captura, no se destruye y se comunica al juzgado ya que puede ser prueba en una investigación criminal.
Todas las políticas públicas implementadas desde ANMaC tienen el objetivo común de reducir el circulante de armas, promover la cultura de paz y la reducción de violencia.
(*) Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) ex RENAR.
FUENTE: TELAM
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