Editorial de Cristian Gamboa Beltramín – Presidente de ANTRA
ANTRA es la Asociación Nacional de Tenedores Responsables de Armas en CHILE
El sábado 3 de febrero, los medios de comunicación difunden las noticias de un deportista detenido y que se le acusa, nada menos, que de proveer de armas y municiones a La Legua. La diligencia o arresto, con el correspondiente allanamiento y despliegue publicitario de lo encontrado, fue hecho por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta misma unidad fue la que efectuó el allanamiento e inculpo a los hermanos González, que fueron detenidos, procesados y luego de un año absueltos de los cargos de tenencia ilegal de partes y piezas de armas, cosa que la PDI y Fiscalía les pareció extraña en un taller de armeros!. Es como cuestionar la presencia de partes y piezas de un motor en un taller mecánico o la tenencia de cuchillos de un cocinero. (ver nota https://goo.gl/aHPQiX)
El Comisario de la Brico Metropolitana, Luis Salazar, señalo: “Gracias a las herramientas legales de investigación, se toma conocimiento de que el proveedor de esta munición y este armamento sería un sujeto quien está inscrito legalmente en la Dirección General de Movilización Nacional (de Chile, DGMN) como deportista”, es decir un usuario legal de armas de fuego. Al igual que los González, él está registrado en la DGMN y al igual que el deportista al que le botaron la puerta hace unos meses es uno de los 505 mil usuarios legales de armas de fuego que hay en Chile. De hecho, efectuó recientemente una inscripción de una de las escopetas que aparecen en la foto, junto al rifle calibre .22, que es exhibido como si fuera un arma de alto poder de fuego.
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Lo cierto es que en las fotos no vemos nada del otro mundo, dos escopetas, un rifle CZ 452 calibre .22, algunas armas cortas, entre ellas una pistola .22, muchos cargadores, cosa muy normal entre los deportistas, puntas para recarga y municiones, nada del otro mundo, que no exista en la casa de todos quienes practicamos alguna disciplina deportiva de tiro.
Los dispositivos que transforman las pistolas Glock en automáticas, efectivamente son ilegales en Chile y de tenencia prohibida. Y estamos de acuerdo en ello, si fueran para armas de fuego, pero en este caso sabemos de buena fuente que son para armas de airsoft. ¡¡Armas de juguete!!, JU-GUE-TE, como dijo Woody en Toy Story.
Y tenemos que dejar la duda planteada. Todo lo exhibido es legal y lo que se considera ilegal no es de verdad, son juguetes.
A nuestro juicio, estamos frente a una arremetida de la PDI que busca dos cosas: Por un lado, desacreditar a los tenedores legales y específicamente a los deportistas, para seguir con aquel viejo sonsonete sobre que proveemos de armas a los delincuentes. Pero no nos han querido responder sobre cuantas armas se roban de las instituciones policiales. Por otro lado, y teniendo en cuenta la situación de Carabineros, su baja en la fe pública, los casos de corrupción y lo que a diario vemos en los medios de información, reclamar el botín de 3 mil millones de pesos anuales. Es decir, quedarse con las autoridades fiscalizadoras y recibir el 50% de los 6 mil millones de pesos anuales que pagamos por conceptos de tasas de derecho los usuarios de la Ley de control de Armas y Explosivos.
En ese escenario, teniendo en cuenta el actuar de la policía, hoy los 505 mil dueños de armas de fuego y específicamente los cerca de 34 mil deportistas, somos posibles sospechosos. La verdad es que somos posibles víctimas de una caza de brujas desprolija e irracional.
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Mañana, a cualquiera de nosotros no pueden botar la puerta a media noche, detenernos y exhibir nuestras armas y municiones como evidencia de quizás que nueva entelequia, producto del frenesí por aparecer como eficientes en la lucha contra la delincuencia. Mientras los delincuentes balean gente el Club Hípico de Santiago, las balaceras continúan en La Legua y las balas locas disparadas en las poblaciones siguen cobrando víctimas inocentes.
Hoy no sólo debemos preocuparnos, de los portonazos, de que los delincuentes nos rompan la puerta para robarnos a media noche. También debemos preocuparnos de quienes, en lugar de desarrollar su lucha contra la delincuencia, construyen “casos” que luego se caen a pedazos en las salas de justicia. Y que terminan con la vida de un ciudadano arruinada, con su familia traumatizada, y con la sensación de que somos nosotros el problema en el imaginario colectivo.
Y no podemos dejar de recordar y citar el fallo de 7º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en el caso que llevo a juicio a los González, y cuya detencion y allanamiento fue efectuado por a misma unidad a la que nos referimos en esta editorial, que señalo en una de sus partes:
“En este tribunal estimamos que en dicho accionar funcionarios o detectives se excedió las facultades que les exigía la Ley y más allá de haber incautado diversas armas de fuego, partes, piezas y municiones, por supuesto que su obrar se apartó de la normativa vigente, ejerciendo facultades que no le estaban entregadas del punto de vista normativo…”
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