Editorial del número 77 de la Revista Española ARMAS
Hace unos días nos llegaba la noticia de que Francia eliminaba la prohibición de uso de silenciadores para la caza, una tendencia en toda Europa que parece no termina de llegar a España y nuestro liberticida reglamento de armas. Desde hace muchos años estos dispositivos ya eran legales para el tiro deportivo en aquel país, pero ahora se han liberado también para la actividad cinegética. Uno más que se suma a la ya importante lista de países que tradicionalmente los han permitido o como en el caso de Finlandia, son de uso obligatorio.
Refiriéndonos al entorno europeo son permitidos en este momento, con más o menos condiciones en: Francia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Alemania, Estonia, Noruega, Irlanda, Austria y República Checa. Además hay otros, en los que debido a la transposición de la nueva directiva de armas europea, muy posiblemente sean legales en unos meses.
¿Pero qué pasa en España? Pues lo que ocurre con otras absurdas e incomprensibles prohibiciones, desconocimiento y desconfianza hacia la ciudadanía, por parte de quien sorprendentemente modifica el reglamento, los funcionarios del tándem ICAE-CIPAE.
Porque sí, aunque resulte difícil de entender desde un punto de vista democrático, quien elabora y modifica periódicamente nuestro reglamento es básicamente una policía militar, no el poder legislativo. Un pequeño grupo de funcionarios que parece considerar a cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas de armas y profesionales de armería presuntos delincuentes.
Falta seriedad, rigor, estudios y diálogo en la toma de decisiones que conducen a las prohibiciones. Da la sensación de que no se miden las consecuencias de estos actos administrativos, no se es consciente del daño que se hace sobre más de un millón de usuarios, la industria y comercio que hay alrededor de los mismos. Este caso es todavía más sangrante si cabe, ya que se está jugando con la salud de cientos de miles de españoles.
Aunque muchos cazadores intentan prevenir este daño a sus oídos con cascos y tapones, más o menos sofisticados y que dicho sea de paso no son una solución ideal, tampoco se les permite. Son numerosas las sanciones que anualmente miembros de la Guardia Civil imponen a los aficionados a la caza. Para ello se aferran a otra de las “perlas” de nuestro reglamento, donde en su Art 147-2 b se dice que “Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas: b) Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos receptores o reproductores de sonidos”.
Nota de Aire Libre: En Argentina los nuevos exámenes médicos incluyen audiometrías, probablemente con el objetivo de “sumar” en las estadísticas de “no apto”
Con este panorama varias asociaciones como ANARMA y la Federación Sectorial Armera (FSA) presentaron, en marzo del pasado año, 17 mejoras concretas al reglamento de armas, una de las cuales es la legalización de los silenciadores con fines cinegéticos. Un primer paso para su posterior normalización también en el ámbito deportivo.
Una demanda con buena acogida entre varios partidos políticos de nuestro Parlamento, ya que esta se considera desde la perspectiva de la salud pública. Por otra parte, algo demostrado en estudios como el que las empresas 3M y ASPY presentaron hace solo unos meses, sobre la salud auditiva de los cazadores. Los numerosos datos expuestos fueron muy alarmantes, aunque tal vez el más impactante fue que el 51% de los cazadores están quedándose sordos.
Mirá también: La sordera del Cazador
Al igual que sucedió en el 2011, cuando se nos quiso imponer una regulación que prácticamente acababa con nuestras aficiones, todo el sector presenta unidad de acción ante la perspectiva de este nuevo reglamento en ciernes. Solo quedaba por sumarse la RFEDETO, cosa que ha hecho hace solo unas semanas. Esperemos que en esta ocasión los funcionarios del Ministerio del Interior sean conscientes de esta situación y no pierdan la oportunidad de alinearse con otros países de nuestro entorno, los cuales son siempre citados como ejemplo para infinidad de cuestiones por nuestras autoridades.
Impactos: 409
