Prohibición sin solución
Artículo de Opinión publicado por el Diario Extra
En Costa Rica, existe una arraigada creencia de que todo problema social puede ser solucionado promulgando nuevas leyes. Ejemplo de esto son los expedientes 20.508 y 20.509, que actualmente siguen trámite en la Asamblea Legislativa.
Dichos proyectos afirman tener la respuesta mágica a un problema en aumento, a saber, los crímenes cometidos con armas de fuego. Lo cierto es que, de ser aprobados, solo se afectará a quienes siguen la ley, sin tener efectos en la criminalidad armada.
LOS PROYECTOS
Así las cosas, el proyecto 20.508 empieza modificando la actual Ley de Armas vigente, agregando una definición de “Plataforma Civil de Arma de Guerra”, incluyéndose en esta cualquiera con calibre o apariencia bélicos.
Gracias a esta definición, muchos calibres populares y de uso deportivo, como el 9 mm Luger o el 45 ACP, pasarían a ser ilegales junto con las plataformas que los utilizan. Por otro lado, el civil interesado en la protección de su vida o propiedad solo tendría a su disposición armas y municiones que no cumplen con los requerimientos mínimos para defensa, según estudios de balística especializados.
Adicionalmente, cualquier arma que entre en esta definición deberá de ser entregada al Estado para su destrucción, previo pago del avalúo que determine Hacienda; generándose así un nuevo gasto al erario público en medio de la crisis fiscal que Costa Rica enfrenta.
Por otra parte, el expediente 20.508 limita la inscripción para defensa de la vida y propiedad a una sola arma. Siendo que cualquier propietario legal que utiliza su arma debe de reportar al OIJ los hechos y entregar su revólver o pistola mientras se realiza la investigación respectiva, de aprobarse este proyecto tendríamos como resultado el dejar a una persona indefensa cuando necesita mayor protección ante una posible represalia.
RESULTADOS SEGUROS
Como múltiples estudios muestran, el prohibir o restringir alguna actividad no evita que esta se siga realizando. Es razonable esperar que, dada la sensación de inseguridad que muchos costarricenses afirman tener, el mercado negro de armas de fuego aumentaría con nuevos clientes ante la restricción o prohibición; dando así nuevos recursos económicos a las bandas criminales para sus actividades, lo cual genera un círculo vicioso de nunca acabar.
Muchas veces, los promotores de estos proyectos citan los “casos de éxito” de Reino Unido, Australia o Japón, países con sistemas legales, problemas de tráfico de drogas y niveles de desarrollo muy diferentes a los de Costa Rica. Una comparación más justa se puede ver en los casos de México, Brasil u Honduras.
En estos países latinoamericanos, se impulsaron leyes restrictivas para la tenencia de armas de fuego por parte de civiles, sin lograrse obtener reducción alguna de la criminalidad que se comete con estas.
Lo cierto es que, actualmente, quien adquiere un arma automática para eliminar a un rival o defender su territorio no le importa si el traspaso se realiza ante Notario Público y se registra ante la autoridad respectiva. Por eso, la respuesta a la criminalidad armada no está en Leyes que castigan y limitan a quienes ya cumplen con lo que el Estado les requiere. La solución está en aplicar las sanciones y castigos que ya existen contra quienes hacen de la ilegalidad su forma de vida. De nada sirven las normas si quienes deben aplicarlas no lo hacen.
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