Santa Fe y las Armas ilegales

Plan para la prevención de la violencia con armas de fuego

La provincia creó una unidad de prevención, un programa compensatorio para la facilitación de datos anónimos “para lograr el compromiso de la sociedad civil”, entrega voluntaria de armas, control de armerías y un registro de mandatarios.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, presentaron ayer un programa para la prevención de la violencia con armas de fuego. En el mismo acto, se firmó un convenio de entrega voluntaria de armas con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Además, se presentó un decreto provincial que crea la Unidad de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (Upvaf), el Registro de Mandatarios y el Programa Compensatorio para la facilitación de datos del circuito ilegal de armas de fuego.

También fomenta el control en armerías y de canales de aporte de datos anónimos para lograr el compromiso de la sociedad civil. “Somos la primera provincia del país que tiene las pericias balísticas de todas las armas cortas en poder de la fuerza de seguridad provincial”, destacó Pullaro.

“Hay dos problemáticas vinculadas a la violencia y al delito. Una de ellas es el narcotráfico y particularmente el narcomenudeo; la distribución de drogas en los barrios termina generando recursos económicos que se vuelcan en economías ilegales e informales y alimentan los circuitos de violencia. La otra es la presencia de armas de grueso calibre, las llamadas armas de guerra, que son las que llamativamente llegan a las manos de estos grupos con bastante facilidad y que les permiten tener ese alto nivel de letalidad en sus acciones delictivas”, indicó Lifschitz.

“Así como estamos reclamando mayores competencias en materia de narcomenudeo, hemos planteado en la Legislatura la necesidad de tener las herramientas necesarias en manos de la justicia provincial para poder intervenir y actuar desde el Estado para enfrentar a los grupos organizados. También queremos ampliar nuestra capacidad de acción sobre el circuito ilegal de armas de fuego, que está alimentando los procesos violentos”, agregó.

“Para eso hemos transitado un camino que tiene que ver con tomar el control estricto sobre el armamento que está en manos del Estado, particularmente de las fuerzas de seguridad. Siempre hubo una sospecha de que armas policiales podían estar alimentando los circuitos ilegales. Hoy podemos asegurar que esto no es así porque están perfectamente determinadas esas armas y si fueran utilizadas serían rápidamente detectadas”, remarcó.

El plan de la provincia –según anunciaron los funcionarios– viene a reforzar el control que ejerce sobre las armas de fuego desde 1973 el organismo nacional ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex Renar) y estará destinado a la fiscalización de armerías, clubes de tiro y cotos de caza. “Vamos a asumir un control en conjunto con los municipios para, de manera conjunta, hacer una verificación permanente de cómo se manejan esos circuitos de venta tanto de armas como de municiones. También vamos a requerir información sobre todas las personas que en Rosario y Santa Fe tienen autorización legal para poseer armas”, especificó Lifschitz.

Pullaro destacó lo que a su entender es “un hecho inédito en la provincia y en la Argentina: las pericias balísticas en las diferentes armas de puño que tienen los efectivos de Policía, hemos llegado a fiscalizar la pericia balística de la bala y del casquillo, 14.000 armas que corresponden a nuestro personal policial de calle”.

“Trabajamos también para sacar armas de los circuitos informales, haciendo fiscalizaciones sobre diferentes comisarías donde existían armas que pertenecían al viejo sistema penal y llevando adelante estas fiscalizaciones en todas las comisarías y Unidades Regionales logramos sacar casi 3200 armas que pertenecían al viejo sistema penal de Santa Fe y estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia las pueda destruir”.

Recompensas

El plan de desarme incluirá un sistema de recompensas para aquellas personas que denuncien la existencia de lugares donde estén resguardadas o escondidas armas ilegales. Durante la conferencia se anunció que los montos oscilarán entre 10.000 y 250.000 pesos “en función de la cantidad de armas y municiones que puedan ser encontradas”.

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