El Estado no puede proteger a todos, ni negar el derecho de defensa.
Traducción al español del artículo de Bene Barbosa para Folha de Sao Paulo.
La flexibilización de la posesión y del porte de armas en Brasil genera un acalorado debate desde hace al menos 25 años y, parece obvio, no se cerrará tan temprano -tal vez nunca acabe.
Durante esos 25 años asistimos, año tras año, legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno, restricciones y más restricciones con resultados harto discutibles en cuanto a sus efectos para la seguridad pública.
Para mí no hay duda de que los resultados fueron absolutamente negativo, conclusión compartida incluso por el ministro Sergio Moro, quien dijo en una entrevista reciente que la política de desarme no logró reducir los homicidios en Brasil.
Con la firma del presidente Jair Bolsonaro el decreto que se ocupa del tema y los posibles cambios que deberían tener lugar en el Congreso para facilitar el acceso a las armas pondrá a la prueba en la práctica que “más armas y en las manos correctas no significan más crímenes, muy al contrario.”
La respuesta no será inmediata, será tan gradual como los cambios. Si la tesis desarmamentista se sustenta –y yo sé que no se sostendrá– los homicidios tenderían al aumento exactamente en los estados donde haya mayor crecimiento en la venta y consecuente registro de armas. Por lo tanto, el tiempo mostrará.
No, no se trata de una peligrosa experiencia. La experiencia fue el Desarme. Y esa experiencia fue desastrosa, calcada casi única y exclusivamente en la ideología y en la defensa de un estado agigantado y dominador que todo lo ve, todo lo sabe y todo domina.
No se trata, en sí, de una política de seguridad pública, es mucho más que eso. Se trata de respeto y confianza de los gobernantes hacia su pueblo.
Y por hablar de seguridad pública, hay en Brasil un gran equívoco sobre cuál es el objetivo de una seguridad pública mínimamente eficiente y, ni de cerca, pasa por la defensa de cada ciudadano individualmente, 24 horas al día y siete días a la semana.
No es esa la función del estado y los propios tribunales brasileños lo reconocen al negar cualquier tipo de indemnización solicitada en base al deber de estatal en proteger.
El estado no es y no puede ser omnipresente. El estado en su imposibilidad de proteger a todos y todo en cualquier momento no puede negar a sus ciudadanos el derecho de defensa, derecho natural e incontestable.
¿Quién en sana conciencia puede condenar a un padre o a una madre que reacciona para defender a sus hijos? ¿O un pequeño productor rural que protege sus ganados y su propiedad?
¿Entonces, cómo negar el acceso al arma? El único instrumento capaz de equiparar fuerzas y hacer valer el derecho de autodefensa … Que esa elección de defenderse no sea del ciudadano, llega de ese estado paternal que cree poder decidir por sus ciudadanos. No, no es para eso que elegimos a nuestros políticos, o, al menos, no debería ser.
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