El ministro de Seguridad de la Provincia dijo que por el “capricho” del organismo no llegan las armas.
Por la aplicación del artículo 53 del Decreto 395/75 de la Ley Nacional de Armas, las adquisiciones, bajas o reposiciones que proyecten las Policías Federal y provinciales, Servicio Penitenciario Federal e Institutos Penales provinciales, serán sometidas a la previa aprobación del Ministerio de Defensa.
En declaraciones publicadas en los medios tucumanos el pasado 30 de agosto, Claudio Maley, ministro de Seguridad de la provincia, responsabilizó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex Renar) de la demora en la llegada de armas y los chalecos destinados a la Policía de la provincia. En diciembre de 2018, el Gobierno había concretado la compra directa de equipamiento balístico y de seguridad de Israel, por valor de unos U$S 8,5 millones. Hasta ese momento solo habían arribado 2.000 chalecos antibalas de los 4.000 previstas. Ayer miércoles llegaron los 2000 restantes.
“Estamos atrasados tres meses por la demora administrativa y caprichosa de la Anmac”, repitió ese día el funcionario de la provincia, tras participar en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad. Minutos antes, el titular de la cartera gubernamental había respondido lo mismo ante las preguntas de algunos legisladores. En el encuentro también estuvieron representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), entre otras personas.
“Hemos tomado todos los recaudos. Cumplimos con los plazos administrativos, acelerando incluso el trámite mediante un procedimiento habilitado por la Ley de Emergencia (en Seguridad): la compra de efectos por cotejo de precios, respetando las intervenciones del Tribunal de Cuenta, de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Economía”, machacó el ex comandante de Gendarmería.
Maley calificó de excesiva la demora de los expedientes en la Anmac para habilitar la adquisición de esos efectos. “Una vez lograda la autorización de los chalecos, se demoró también muchísimo tiempo el permiso para la empresa importadora, que contemplaba el embarque y el ingreso al país. Lo mismo sucedió con el armamento”, explicó.
Julio Silman, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad, hizo hincapié en que se habría incorporado de manera rápida equipamiento de seguridad si la operación se hubiese hecho con un productor nacional. Señaló como ejemplo la posibilidad de comprar a los fabricantes de las pistolas Bersa. “Estas armas tienen garantía de por vida”, enfatizó el legislador peronista.
José Canelada también se sumó a los cuestionamientos. “Todo es culpa de alguien. Hubiese sido más fácil que el ministro y el gobernador (Juan Manzur) hubieran comprado las armas en Argentina. Hemos demostrado que tenían garantía de por vida, que el precio era sustancialmente menor y que, al hacerlo en el país, iban a llegar más rápido”, manifestó el parlamentario radical, quien ha sido uno de los legisladores que había denunciado a Manzur por supuesto sobreprecio en la operación comercial.
El Poder Ejecutivo compró, entre otros equipos:
- 4.000 chalecos antibalas.
- 4.000 pistolas 9 milímetros semiautomáticas “Jericho” 9 milímetros con armazón de polímero desarrolladas por IMI (Israel Military Industries).
- 100 escopetas calibre 12/70.
- Incorporará 50 rifles de asalto IWI Tavor X95, con kit de conversión.
- 20 Uzi Pro, subfusil de origen israelí, diseñado y fabricado por IMI.
- 20 lanzagranadas IWI GL40.
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