Se produjo por la habilitación de la caza de especies exóticas.
Ambientalistas y abogados se manifestaron en contra de la medida, pero no aportaron soluciones a la problemática.
En diálogo con LA NACION, Sebastián Melchor, titular de la Dirección de Recursos Renovables de Mendoza dio su visión de la medida oficial, al tiempo que aclaró que la resolución se publica todos los años, con la salvedad de que ahora se incorporó el ciervo, lo que avivó aún más la polémica.
“Hemos tenido muchas denuncias de avistaje de ciervos colorados en el sureste provincial y teníamos que tomar una medida de protección de la fauna local, en base a tratados que nos avalan. Entendemos que tras los incendios en La Pampa y San Luis ingresaron a la provincia, en busca de alimento. El problema es que la primera competencia que tienen son nuestros guanacos de monte, que empiezan a ser desplazados y se quedan sin su comida”, indicó Melchor.
De acuerdo con la disposición, la actividad para acabar con los ejemplares en cuestión sólo puede efectuarse en sitios privados, con armas de fuego o arco. Asimismo, el funcionario aclaró que es una decisión que se toma habitualmente en diversas partes del mundo para frenar el ingreso de especies que amenazan el hábitat local. De todas maneras, reconoció estar abierto a la discusión y a los aportes de alternativas para lograr frenar el impacto negativo que tienen estas especies en la biodiversidad local.
Mientras, según la disposición oficial, queda prohibido el uso de perros, comercializar los restos de las especies ni atacar la fauna provincial. Asimismo, desde el Ejecutivo local aclararon que no es una medida para el turismo de caza deportiva, como ocurre en otras regiones del país. “No estamos habilitando cotos, ni el comercio, ni la importación; estamos protegiendo la biodiversidad de Mendoza”, remarcó Melchor.
Las redes sociales se manifestaron con fuerza tras la decisión oficial, en su mayoría rechazando la medida. Al mismo tiempo, según dio a conocer el diario local El Sol, el Colegio de Abogados de Mendoza, a través de la Comisión de Derecho Animal analiza hacer una presentación en los próximos días. “Estamos en contra de lo que se ha decidido. Creemos que se debió buscar otra alternativa. No nos resignamos a que la única salida sea la muerte de seres inocentes”, explicó Oscar Mellado, reconocido especialista en protección legal de la fauna y la biodiversidad, quien se ampara en disposiciones constitucionales y tratados internacionales. “Entendemos el problema ambiental, pero la cacería no es la solución”, indicó tajante el letrado.
El debate promete profundizarse, ya que los cuestionamientos también aparecieron en la Legislatura provincial, que pedirá explicaciones a los funcionarios, sobre todo por seguir permitiendo la caza deportiva del ciervo colorado, que arrancó hace más de una década. De hecho, en Mendoza existen tres cotos de caza legales, aunque, por el momento, no hay intenciones oficiales de poner un fin a esta actividad, ya que se deben modificar las normativas vigentes.
“Que alguien proponga soluciones, estamos abiertos a la discusión. Nos seguiremos reuniendo con todos los sectores. Lo importante es poner sobre la mesa un problema importante y cómo lo enfrentamos”, concluyó Melchor.
Fuente: La Nación
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Juan Martin Pettigrew
El Señor Oscar Mellado Por lo que dice la nota, es un reconocido protector de la fauna local. Sin embargo se manifiesta en contra de la cacería de especies exóticas que compiten por el hábitat de la fauna local.
Además como es costumbre, se manifiesta en contra del plan. Pero, no aporta ninguna alternativa viable.
En Argentina ya tenemos demasiados casos de especies exóticas que están depredando el hábitat. Llegando a extinguir completamente a la fauna y/o flora autóctona. Por citar algunos ejemplos. Ardillas en Luján, Castores en Tierra del Fuego, Trucha Arco Iris en los ríos de la Patagonia, jabalíes en la Pampa húmeda.
Los animales exóticos no se pueden considerar como seres inocentes. Porque su accionar puede determinar la muerte de animales y/o fauna local. Que si debe ser objeto de protección. Por parte del Estado.