#ElAguaDeMendozaNoSeNegocia es tendencia en Twitter.
Miles de personas se movilizaron a la Casa de Gobierno para manifestarse en contra del proyecto votado la semana pasada.
Una multitudinaria movilización que este lunes arribó a la gobernación de Mendoza terminó con corridas, incidentes y gases lacrimógenos. Se trata de la marcha que comenzó el domingo en diferentes localidades de esa provincia y esta mañana culminó en la Plaza Independencia.
Los manifestantes se oponen a la reforma de la Ley 7.722, aprobada por el Senado con 28 votos a favor y 7 en contra, en tanto en Diputados se aprobó el pasado viernes por 36 votos contra 11, con una abstención y una ausencia.
Durante el debate, tal como ocurrió durante casi toda esta semana, los alrededores de la Legislatura se colmaron de voces en contra que fueron custodiados por un fuerte operativo policial, como así también en las ciudades de San Rafael y General Alvear, no así en Malargüe donde sus ciudadanos aguardaban esta modificación para comenzar el desarrollo minero.
Una de las principales modificaciones es que permite el uso de sustancias químicas para las explotaciones mineras. Se pueden utilizar cianuro y ácido sulfúrico. Allí radica uno de los mayores conflictos, por el potencial problema que podría generar a los recursos hídricos.
Por eso es que, tras la aprobación de la modificación de la ley 7722 en la Legislatura, comenzaron las protestas de la población. Partieron ayer desde distintos puntos de la provincia para llegar a la capital. Hubo protestas que se originaron en San Carlos, uno de los principales bastiones contra la explotación minera.
El mayor reclamo era al gobernador Suárez, para que vete la ley.
Desde el gobierno mendocino buscan instalar la idea de que se puede llevar a cabo la actividad minera y cuidar el medio ambiente. Y también señalan que otras actividades, como la agricultura, desperdician más agua que la minería por la ineficiencia.
El presidente de Diputados, Andrés Lombardi, aseguró esta mañana en diálogo con Radio Nacional Mendoza que la ley se va a promulgar, ya que contó con un amplio consenso en todo el arco político, empresarial y científico.
Una de las cuestiones que se negoció en la Legislatura antes de la modificación en la ley es requerir que exista “consenso social” para llevar a cabo la explotación minera. En este sentido, se cree que en Malargüe, en el sur de la provincia, es la única zona en donde la población ve con buenos ojos que se avance en la actividad.
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