En Colombia piden se suspenda la prohibición.
En el país hay 460.000 personas que tienen permiso, pero no pueden portarlas por un Decreto del año 2016.
Los problemas de inseguridad que se vienen presentando en varias regiones del país volvieron a abrir el debate sobre la posibilidad de levantar las restricciones que existen para la portación de armas en Colombia.
Justamente hace unos días, el abogado Guillermo Rodríguez presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 2208 de 2016, que suspende los permisos para la portación de armas en el país, con el fin de que este quede sin efecto.
“Hoy, en razón a los asuntos propios de seguridad pública y lo que está sucediendo en Colombia, en las prerrogativas del ámbito jurídico colombiano que permiten hacer uso de la legítima defensa, estamos solicitando al Consejo de Estado una acción de nulidad y una medida cautelar de urgencia, para que deje sin efectos inmediatos ese decreto”, manifestó Rodríguez.
De acuerdo con el demandante, su solicitud está fundada en que las cifras de robos en las calles y establecimientos comerciales están desbordadas, y la situación de seguridad pública así lo amerita.
“Los ciudadanos deben defenderse de alguna manera y la única forma es que hagan ejercicio de la legítima defensa. No puede haber un policía por cada ciudadano”, defendió el abogado.
Aseguró que la portación no implica necesariamente que las personas se estén tomando la justicia por cuenta propia, sino que se debe permitir un ejercicio legítimo de defensa.
“Lo mejor para contrarrestar la delincuencia es que quienes tienen armas amparadas, que son apenas 460.000, puedan portarlas”, señaló.
La demanda de Guillermo Rodríguez se da apenas unos días después del caso del médico que mató a los tres presuntos ladrones que pretendían robarlo mientras transitaba por un puente peatonal, en Bogotá.
Este hecho ha desatado una abierta discusión, en torno a si su reacción se constituyó en una legítima defensa o que tomó justicia por cuenta propia.
A su vez, hace unas semanas, el concejal Jorge Acevedo también abrió la discusión sobre este tema en Cúcuta. En su pedido al presidente Iván Duque, Acevedo planteaba que la prohibición, que se estableció desde finales de 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, hace que “los ciudadanos de bien (…), se encuentren inermes la mayor parte del tiempo ante los delincuentes que operan con la tranquilidad de cometer sus fechorías”.
Fuente: La Opinión
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