Las consecuencias de no cumplir con las reglas
La medida fue dispuesta por la propia ANMAC en relación a la actuación de su exdelegado en la Provincia de Córdoba.
Las consecuencias del paso de Carlos Dini como director de la delegación Córdoba de la Agencia Nacional de Materiales Controlados continúan. Nueve meses después de la detención, en un trámite exprés recuperó la libertad por un fallo de la Cámara Federal de Casación. Ahora, ANMAC decidió revocar las Credenciales de Legítimo Usuario otorgadas durante su gestión porque hay irregularidades comprobadas.
Hasta que cumplan las disposiciones, los usuarios de armas quedan inhabilitados. Dini fue denunciado en 2019 por irregularidades administrativas luego de que una auditoría registrase un faltante de un 1.000.000 de pesos. Además, en un allanamiento en busca de chalecos antibalas que les fueron prestados por una fuerza de seguridad y nunca fueron devueltos, se encontraron sellos de diferentes oficinas y autoridades.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro procesó a Dini porque en su carácter de delegado de la Anmac “no habría ejecutado las leyes cuyo cumplimiento le incumbía por la función, entre otras: habría omitido confeccionar o controlar la confección de los distintos legajos relacionados con operaciones que se registraban ante el ente a su cargo; habría omitido controlar el stock de estampillas y formularios; habría omitido depositar a su debido tiempo los importes adeudados por la dependencia a su cargo al ente cooperador y habría omitido controlar, previo a la expedición de credenciales a legítimos usuarios de armas, que los trámites correspondientes cumplieran con la documentación requerida y demás requisitos exigidos para su otorgamiento”.
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A fines de marzo pasado el magistrado ordenó a la Anmac que cumpliera con una resolución en la que establecía que se regularizarían “todas las credenciales de legítimo usuario” otorgadas por Dini: solo entre el 10 de enero de 2019 y el 15 de julio de ese año fueron 7640.
La agencia notificará personalmente a los usuarios, quienes pueden pedir una reconsideración de esa decisión –presentando en ese mismo momento el cumplimiento de todos los requisitos exigidos– o se presentan y rehacen el trámite. Mientras tanto, están inhabilitados.
La Justicia puede determinar –como lo ha hecho en algunos casos- que algunos de los que aparecen en los listados devuelvan las armas. Por ejemplo, así se actuó con Juan Carlos Delgado, tesorero del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), quien tiene un procesamiento confirmado por defraudación y, además, antecedentes de actos violentos (amenazas, agresiones).
Bustos Fierro, en varias oportunidades en la causa, subrayó que Dini debió “cumplir y observar estrictamente la ley”, porque en cada arma de fuego otorgada “sin cumplir los requisitos fundamentales” puso “en riesgo la seguridad pública”.
La resolución de la Anmac está acompañada de dos listados, uno que incluye los nombres de a quienes les falta cumplir “algún” requisito (son cinco páginas) y, el otro, con los que directamente no tienen respaldo documental (29 páginas). En ambas nóminas hay identidades que son conocidas en la provincia.
La investigación del caso se inició por la denuncia de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM) e incluyó una auditoria de la propia Anmac a su sede cordobesa que fue intervenida.
Dini fue despedido el 28 de octubre de 2019, “por serios incumplimientos y faltas graves y obligaciones a su cargo”.
Fuente: La Nación
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