Un proyecto de ley propone reglamentar su utilización
El diputado nacional Gustavo R. Hein (PRO – Entre Ríos) busca revivir una resolución dictada por Patricia Bullrich para autorizar y regular el uso de armas electrónicas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad.
El diputado nacional Gustavo Hein (PRO-Entre Ríos) trajo a la discusión pública un debate que ha tomado fuerza nuevamente: el uso de las armas electrónicas, más conocidas por el nombre comercial Taser, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad.
Hein, diputado nacional desde 2019 y ex intendente de Basavilbaso, presentó un proyecto de ley que ingresó para su tratamiento el jueves posterior a las elecciones. Días después el nuevo Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló que la Argentina no está preparada para su utilización “ni de casualidad”.
En su proyecto, el legislador entrerriano propone “autorizar y regular el uso de armas electrónicas no letales para las fuerzas policiales y de seguridad federales” e invita a las provincias a que hagan lo mismo. Lo llamativo es que en los hechos no hay ninguna prohibición vigente sobre el uso de las pistolas Taser, y hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la autorización de uso en 2016, rechazando un recurso de queja que planteaba que eran un instrumento de tortura.
“La incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego”, sostiene Hein en los fundamentos de su iniciativa.
El proyecto propone recuperar la Resolución Número 395 del Ministerio de Seguridad, firmada el 2 de mayo de 2019 por Patricia Bullrich, donde establecía las circunstancias que habilitan su uso (art. 2°), cuando sea estrictamente necesario (art. 1°), por parte del personal que haya sido recibido la capacitación específica (art. 3°), luego de identificarse a viva voz -en los casos en que esto sea posible (art. 4°)-, y en aquellos casos que configuran peligro inminente (art. 5°).
Esa suerte de protocolo nunca entró en vigencia porque las primeras pistolas que había comprado el Gobierno no llegaron sino hasta febrero de 2020, y para entonces había sido derogado por la Resolución 1231/19 de Sabina Frederik, la cual en sus considerandos señala que “la categorización como arma electrónica no letal podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal, esto es: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad y por lo tanto genera un contexto propicio para su uso abusivo el cual debe ser evitado en resguardo de los derechos humanos de todos los habitantes”
Precisamente el proyecto de ley pretende reglamentar más acabadamente las circunstancias que habilitan su utilización por parte de las fuerzas de seguridad, tal como se observa en el texto del proyecto que acompañamos a continuación
3821-D-2021
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Por los derechos de la gente derecha
La posición del actual gobierno solo favorece a los delincuentes. ¿Será autodefensa de las actuales autoridades? Porque las fuerzas de seguridad dudan de usar sus actuales armas, ya que luego son imputados.