La Justicia le ordenó al gobierno nacional que resuelva en un mes si acepta la importación de las pistolas Taser
La intimación surgió como respuesta a un planteo de la Ciudad de Buenos Aires que se quejó por las demoras para habilitar el ingreso al país de 60 armas.
Un juez federal le ordenó al gobierno nacional que en 30 días resuelva un expediente administrativo para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pueda importar 60 pistolas no letales Taser, que volvieron a ser puestas en el centro del debate por la seguridad tras el crimen de la oficial de la policía de la ciudad Maribel Zalazar ayer en el barrio porteño de Retiro.
El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa aceptó la semana pasada un amparo por mora que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó en noviembre del año pasado porque la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) no resolvía la importación de las Tasser.
“La Administración tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares”, dijo el juez Correa en su resolución del miércoles de la semana pasada y a la que accedió Infobae. El magistrado agregó que la ANMAC en la causa “no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora”.
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Así, el juez intimó a la ANMAC -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- para que en 30 días resuelva el expediente administrativo que inició el gobierno de la ciudad por las Taser.
En 2020 el gobierno de la ciudad inició el proceso de compra de 60 pistolas TASER, modelo X2 para la policía porteña. Las Taser son importadas y para su ingreso al país requiere la autorización de la ANMAC. En primer momento su titular Ramiro Urristi la autorizó. Pero luego dejó el cargo. Con la llegada de Natasa Loizou se retiró la autorización. El gobierno de la ciudad avanzó con el trámite pero la ANMAC nunca lo resolvió a pesar de los distintos planteos que se hicieron. Así presentó en la justicia un amparo para que se le ordene al organismo resolver el planteo.
“Atendiendo que la demandada no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora y habiendo transcurrido un plazo razonable sin que la autoridad administrativa competente dicte resolución en el expediente administrativo, corresponde hacer lugar a la acción intentada”, resolvió el juez Correa.
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