Piden citar a indagatoria a la funcionaria a cargo del control de armas por trabar el ingreso de las pistolas Taser que compró Ciudad
El fiscal Guillermo Marijuan requirió la declaración como imputada de Natasa Loizou, titular de la ANMAC. El Gobierno porteño compró 60 armas a las que aún no pudo acceder.
El fiscal Guillermo Marijuan pidió llamar a declaración indagatoria a Natasa Loizou, la titular de la Agencia NAcional de Materiales Controlados (ANMAC) al considerarla responsable de las trabas administrativas que impidieron el ingreso al país de un lote de 60 pistolas Taser comprado por el Gobierno de la Ciudad.
La citación se da en una causa abierta por la denuncia del legislador porteño Roberto García Moritán en el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodríguez pero que es subrogado actualmente por Sebastián Casanello.
Y se da luego de que el Ministerio de Justicia -de quien depende la ANMAC, el organismo que controla las armas- apelara hace unos días otro fallo a favor de la Ciudad, con argumentos que excusaban los incumplimientos administrativos en razones de la pandemia y la imposibilidad de gestionar el ingreso por la falta de presencialidad laboral.
La causa federal surgió por la presentación de García Moritán -secundado en la denuncia por Marina Kienast, Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda, Juan Martin Fazio y Juan Manuel Otegui Molina- el 16 de febrero pasado y a raíz de declaraciones del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro -actualmente de licencia-.
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El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta había declarado que el Ejecutivo Nacional negaba arbitrariamente la autorización de importación de armas de baja letalidad por cuestiones “ideológicas”.
Con la investigación delegada en él, el fiscal Marijuan reconstruyó el trámite administrativo y los expedientes de la ANMAC -con innumerables idas y vueltas- relacionados a la compra de “un lote de SESENTA (60) armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, según la presentación a la que accedió Clarín.
La compra de la Ciudad se produjo en 2021 y el trámite de autorización de importación que se inició el 12 de mayo de ese año. Desde entonces y hasta 2023, el trámite acumuló idas y vueltas de verificaciones y confirmaciones que devinieron en que el fiscal estimara que la funcionaria Loizou incurrió en delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Es que el fiscal tomó testimonios de la empresa proveedora, Buccello y Asociados SRL y de su derrotero administrativo que la autorización para las Taser sufrió dentro de distintas direcciones de la ANMAC y durante al menos dos años.
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Tal es así que la Ciudad decidió presentar un amparo por las demoras infundadas -el material tenía aprobaciones técnicas- y hace una semana logró un fallo a favor que obligaba a Nación a dar una respuesta en 30 días.
Pero el Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, apeló esa disposición, basándose en “la situación de pandemia epidemiológica que azota al mundo entero” y en la “limitación en la prestación de servicios administrativos presenciales” que infiere aún persiste en las oficinas de la ANMAC. Y ello aún está pendiente de resolución en la instancia superior de Cámara. En esa causa también buceó Marijuan
Pero Marijuan avanzó más. También citó como testigo a Ramiro Urristi, quien estuvo a cargo de la ANMAC hasta alejarse del puesto, reemplazado por Loizou en agosto del 2021.
El exfuncionario había iniciado el trámite por las pistolas Taser porteñas y llegó a aprobar y autorizar la importación. Pero, en su declaración y según cita Marijuan, intervino el mismo Soria. “No estaba de acuerdo en cómo había trabajado el tema”, dijo Urristi sobre su jefe, el ministro ultrakirchnerista, que supo de su visto bueno al trámite cuando había avisado de su renuncia.
“Si bien no iba a afectar en mi decisión [de dejar el cargo] me reclamó que podría haber avisado que iba a firmar un acto que iba a estar en la discusión pública”, declaró Urristi ante Marijuan.
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Y agregó que el ministro de Justicia -según reconstruye el fiscal en su pedido de indagatoria- sugirió que ante “la potencial peligrosidad del uso de armas electrónicas resultaba conveniente establecer algún requisito adicional para que la ANMAC contribuya al buen uso de las mismas”.
Urristi renunció y declaró no saber qué paso después con ese expediente. Lo reemplazó Loizou, que volvió a hacer girar informes en distintas dependencias, que obtuvieron nuevamente la autorización. Aunque hasta aún ahora, las pistolas Taser siguen sin ingresar.
El debate por el uso de esas armas volvió a escena tras el crimen de Maribel Zalazar el pasado 14 de febrero. La agente de la policía porteña prestaba servicio en la estación de subte Retiro de la Línea C cuando, en un confuso episodio, un hombre le quitó el arma reglamentaria y le disparó dos tiros que resultaron letales.
CLARIN
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