Los Diputados provinciales tratan cambios a la ley de conservación de fauna silvestre
Tienen como objetivo modificar la ley provincial 1194 sancionada en noviembre de 1989.
En plenario de las comisiones de Asuntos Agrarios, Hacienda y Presupuesto y Legislación General; el secretario de Asuntos Agrarios de la provincia, Ricardo Baraldi, explicó la iniciativa que contempla la modificación a la ley de conservación de fauna silvestre de 1989.
“Naturalmente ha quedado desactualizada y con la que pretendemos generar una mayor operatividad administrativa y ser más expeditivos con las sanciones, sobre todo en lo que tiene que ver con los decomisos y apercibimientos”, expresó Baraldi.
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Y agregó: “Hemos mejorado el porcentaje de pago de las multas que se aplican por las infracciones a la actual ley que estadísticamente ya asciende a un 70 u 80%, algo que se viene dando porque accedemos a los registros del RENAPER y, además, hemos comenzado con la emisión de permisos en forma digital, con lo cual mejoramos notoriamente las notificaciones”.
Además, Baraldi, quien fue acompañado por funcionaros de su secretaría, dijo que es intención con esta adecuación de la noma, “evitar grises y que todo quede en claro”.
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En la reunión presidida por los titulares de las comisiones en cuestión, los diputados provinciales Ariel Rojas, Roberto Robledo y Julio González (FreJuPa), tanto los funcionarios como los legisladores, centraron su atención en lo que tiene que ver con el artículo 7° de la ley que establece quienes tienen prohibido cazar en territorios de nuestra provincia; el artículo 19 referido a los trofeos, que establecerá que su legalización, inmediatamente después de haber salido del campo en que se obtuviera, se debe hacer en el destacamento policial más cercano o donde la autoridad de aplicación lo determine; y, principalmente, en la modificación del artículo 20, que determina que el propietario de la tierra o agua, que otorgue autorización de caza o pesca, será solidariamente responsable con el cazador y/ pescador del fiel cumplimiento de la ley.
Sobre este último punto, las autoridades de la Secretaría de Asuntos Agrarios dijeron: “Se trata de una actividad comercial, o sea el dueño del campo le cobra al cazador para permitirle el ingreso a sus tierras, es por eso que debe hacerse responsable solidariamente con el cazador”.
Otra de las cuestiones que abordaron ante la requisitoria de los legisladores fue el secuestro de armas, municiones y otros elementos de los infractores que, a partir de la modificación de la ley, serán decomisados a los seis meses de que quedara firme la sanción correspondiente y que serán destruidos (a través de la Agencia de Materiales Controlados, ANMaC) o, eventualmente, donadas a la policía provincial (previa evaluación del Ministerio de Seguridad).
“Las armas -explicaron- en muchas ocasiones no son reclamadas por sus dueños, en virtud de que seguramente fueron adquiridas ilegalmente y por eso los poseedores no se acercan, porque tendrían más problemas con la ley.”
En cuanto al secuestro de lo cazado por los infractores, “todo se destruye, salvo las liebres que, como se trata de caza comercial, se vende a los comercios específicos más cercanos y lo que se recauda se destina a Rentas provincial”.
A pedido del diputado Francisco Torroba, acordaron enviarle el proyecto a las entidades representativas de los poseedores de los campos (Federación Agraria, CARBAP y Coninagro) para que manifiesten su opinión, como lo hicieron los clubes de caza.
DIARIO TEXTUAL
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