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Un juez federal declaró inconstitucional la restricción vigente en Nueva York que prohibian a las personas portar armas de fuego ocultas en propiedad privada sin el consentimiento del propietario.
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Eso incluiría establecimientos abiertos al público, como comercios y restaurantes.
22 de octubre de 2024. Un juez federal de distrito de Nueva York ha dictaminado que la restricción estatal contra la portación oculta en propiedades privadas abiertas al público es inconstitucional, dando una victoria a la Fundación de la Segunda Enmienda (SAF) en un caso conocido como Christian contra James.
El juez de distrito de EE.UU. John L. Sinatra, Jr. emitió una decisión de 43 páginas en la que observaba: «Las tradiciones históricas de la nación no han tolerado tal recorte del derecho a poseer y portar armas. De hecho, el derecho a la autodefensa es igualmente importante -e igualmente reconocido- en las vastas franjas de propiedad privada abiertas al público en todo el estado de Nueva York.»
«El Estado sostiene que existe “un amplio apoyo histórico que abarca desde la época colonial hasta la Reconstrucción y más allá, que prohibía llevar armas a la propiedad de otros sin su permiso. Pero el Estado no logra demostrar, en este registro histórico, que la restricción impugnada sea consistente con una tradición nacional bien establecida y representativa.», prosiguió Sinatra
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«Como hemos dicho todo el tiempo, las restricciones al porte en «lugares sensibles» impuestas por Nueva York después de Bruen son inconstitucionales. Punto final», dijo el Director de Operaciones Legales de La Fundación de la Segunda Enmienda (SAF), Bill Sack. «Estamos encantados de que, una vez más, los tribunales hayan estado de acuerdo y hayan mandado a paseo esta prohibición amoral e ilegal».
«Una vez más, los antiarmas del Empire State han sido frenados por un juez que entiende que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase. El Estado intentó perpetuar su prohibición virtual del porte legal prohibiendo las armas de fuego en toda propiedad privada abierta al público por cualquier motivo, y el juez dijo correctamente que esta restricción no pasa el examen constitucional.» dijo el fundador y vicepresidente ejecutivo de SAF, Alan M. Gottlieb.
El fiscal general está revisando la decisión.
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