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Una carta de puño y letra de Carlos Ballester Molina, a cargo de la empresa Hafdasa, cuenta cómo lo conminaron a vender armamento a la Fundación de la esposa del presidente para proteger a Perón de posibles ataques.
13 de febrero de 2025. El 28 de noviembre de 1951, a las 8.30 de la mañana, Carlos Ballester Molina hijo, presidente de la fábrica de armas Hafdasa, ingresó a un despacho del Ministerio de Hacienda donde había sido citado, de manera urgente, una hora antes. Allí fue recibido por un subsecretario de esa cartera de apellido Cicarelli que, sin demasiado preámbulo y de manera imperativa, le dijo: “Tengo la orden de la señora Eva Perón de adquirir a ustedes la provisión de 5000 pistolas y 2000 ametralladoras, entrega que deberá hacerse de inmediato y en la forma más confidencial”. La transmisión de esa orden, añadió entonces Cicarelli, provenía directamente del administrador de la Fundación Eva Perón (FEP), a la sazón el ministro de Hacienda del primer gobierno de Juan Domingo Perón, Ramón Cereijo.
El episodio está narrado en una carta que dejó escrita de puño y letra a su familia el propio Carlos Ballester Molina, fallecido en 1997, y a la que LA NACION tuvo acceso de forma exclusiva. En ella, el ingeniero y empresario cuenta, con lujo de detalles, cómo fue “obligado” a vender armas fabricadas por su empresa -las famosas pistolas semiautomáticas Ballester Molina– a la Fundación Eva Perón. Y como, además, hubo gente que le pidió “comisiones” durante la transacción.
Gentileza Ignacio Ballester Molina para La Nacion
Si bien la carta no lo dice, el armamento solicitado tenía como destino proteger a Perón de posibles ataques o tentativas para derrocarlo. De hecho, dos meses antes del encuentro en el Ministerio de Hacienda, el 28 de septiembre de 1951, el general Benjamín Menéndez había encabezado un conato de levantamiento contra el presidente. “A partir de ese intento revolucionario, salió la idea, no se sabe si por parte de Eva, que estaba muy enferma, o de alguien que la rodeaba, de que había que dar armas a la CGT a través de la Fundación para hacer una milicia para defender a Perón”, explicó a LA NACION Roberto Azaretto, presidente de la Academia Argentina de Historia y miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Historia Militar.
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“Sufrí con todo esto durante toda mi vida”
“Obviamente las armas eran para armar la milicia de Perón”, asevera en el mismo sentido Ignacio Ballester Molina, de 51 años, abogado con una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, hijo de Carlos y poseedor de la carta que su papá dejó a su familia para contar la verdad de lo que había pasado con la Fundación. “Las escribió para sus hermanos y para todos en general, porque lo acusaban de ‘peronista’, que él no lo era, por el tema de la FEP y de que él había armado la venta de armas. Incluso se peleó a muerte con uno de sus hermanos”, dice Ignacio, a quien su padre también le dejó documentos oficiales que certifican lo que él había escrito en su misiva.
“Yo te voy a dar esto solo a vos, porque sabés guardar secretos. No se lo di ni se lo dije a nadie. Pero esto fue lo que pasó y yo sufrí mucho con todo esto durante toda mi vida. Hacé lo que quieras con esto”, le dijo Carlos a su hijo al entregarle la carta en sobre lacrado, apenas unos meses antes de su muerte. “Mi viejo en el momento en que lo llaman de la Fundación tenía 27 años. Se c… todo. Y mi abuelo (Carlos Ballester Molina padre, entonces dueño de Hafdasa) se había ido a Uruguay, porque se había peleado con Perón”, añade Ignacio.
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Un pedido y una amenaza
En la misiva, Carlos Ballester Molina asegura que la primera reacción que tuvo ante la exigencia de Cicarelli de vender las pistolas y ametralladoras a la Fundación Eva Perón fue negarse: “Al recibir esta orden y ver los efectos que dichas armas podían producir, objeté”, escribió el ingeniero. Luego, el empresario le aseguró a su interlocutor que responder a esa solicitud era “completamente imposible” ya que no tenían en los almacenes los materiales necesarios para la producción de esas unidades.
Entonces, el ingeniero recibió una respuesta cargada de ironía por parte de Cicarelli, quien se mostró extrañado por la respuesta evasiva de Ballester Molina, pues él tenía “toda la documentación pertinente” a las declaraciones juradas al Ministerio de Industria donde se hacía mención de los aceros al cromo-níquel y demás herramientas que tenía la fábrica para le ejecución de eventuales trabajos. Esta intervención del hombre de Hacienda sería lo que hoy se llama “un carpetazo”.
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A continuación, el subsecretario de Hacienda soltó una frase que al empresario le sonó como una velada amenaza: “Claro que si ustedes no quieren colaborar, nosotros le agradecemos de igual forma”.
En otro párrafo de la carta, Ballester Molina señala que se dio cuenta que el hecho de no aceptar llevar a cabo la operación “traería por consecuencia la clausura del establecimiento, quedando todo el personal obrero, muchos de los cuales tenían 30 años de servicio, en la calle y sin trabajo”. De modo que él decidió “‘agachar la cabeza’, como en tantas ocasiones la fuerza lo impone y realizar el convenio”.
El permiso del ejército
Cicarelli le dijo al empresario que recibirían un 30 por ciento de anticipo por la adquisición, pero también le informó que Hadfasa tendría la “obligación de un ‘descuento’ del cinco por ciento que diera en forma de donación” a la Fundación.
Otro pedido del funcionario preocupó seriamente al joven empresario, y así lo escribió en su carta: “Me dijeron así mismo que debía entregarlas (las armas) sin autorización del ejército, cosa que me opuse terminantemente, haciéndole saber que antes prefería ir preso o que me cerraran la fábrica como él me había amenazado”.
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La autorización del ejército que solicitaba Ballester Molina llegó tiempo más tarde, a través de una carta firmada por el ministro de Defensa de la Nación, general José Humberto Sosa Molina. Allí podía leerse: “Este Ministerio acuerda el permiso para que esa firma provea a la Fundación Eva Perón las 5000 pistolas automáticas con firma Ballester Molina, calibre 45, que oportunamente fueron solicitadas”.
Esta carta estaba dirigida a Industria General Argentina (IGA), una distribuidora de Hafdasa, que el propio Carlos Ballester Molina utilizó para realizar esta operación. “Mi viejo tuvo que inventar una empresa, que era IGA, para tercerizar el asunto”, señala Ignacio. A cargo de esa firma, el ingeniero puso a Carlos Stehlin, a quien describió en su carta como “de nacionalidad americana y que poseía la medalla de la lealtad peronista”.
De acuerdo con el historiador Roberto Azaretto, todo esta adquisición de armas se realizó “sin que se entere Perón”. El historiador asevera: “Cuando él se entera, lo impide y ordena que esas armas vayan al ejército”.
Carolina Barry, que es doctora en Ciencias Políticas, Investigadora Principal del Conicet y que realizó exhaustivos trabajos enfocados en Eva Perón “Era muy difícil que Perón no lo supiera”. Por otra parte, la académica coincide con Azaretto en que las armas fueron secuestradas por el líder justicialista. Según lo que investigó ella, luego las destinaron al arsenal Esteban de Luca y finalmente las entregaron a Gendarmería.
La versión de Ignacio Ballester Molina es similar: “Perón, enterado de la operación por Rucci y por Carlos Ballester Molina, esperó a que se hiciera, las secuestró de la Fundación y se las dio al Ejército”. El hijo del empresario añade algo en que coincide con Azaretto y Barry: “Jamás un militar como Perón hubiera permitido armar civiles”.
En declaraciones a Revista Semana Gráfica del 31 de Julio de 1970 José Ignacio Rucci comentó que entró a trabajar como tornero en 1944 a Hafdasa, junto con Hilario Salvo, que fue secretario general de la UOM, y Adelino Romero, de los textiles, quienes luego estuvieron con él en la CGT.
Según lo que cuenta Ignacio Ballester Molina, las armas con destino a la Fundación, tenían marcada una letra “F” en el guardamonte.
Con respecto a las ametralladoras mencionadas en la carta de Ballester Molina, es menester aclarar que esas efectivamente nunca llegaron a la Fundación Eva Perón. De hecho, entre los documentos que tiene Ignacio Ballester Molina, hay uno, con fecha del 6 de agosto de 1952, que corresponde a la rescisión de contrato por la compra de esas armas de común acuerdo entre IGA y la FEP.
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