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El Ministerio de Seguridad de Mendoza ha reglamentado el uso de estas armas en la provincia. Mendoza fue la primera provincia en adquirir estas armas, en el año 2006.
24 de febrero de 2025. La medida se enmarca dentro de la recientemente promulgada Ley Provincial 9578, que amplía la posibilidad de emplear armas de baja letalidad, como bastones o gas pimienta, para reforzar la seguridad.
A partir de esta medida el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, ha impulsado la compra de pistolas Taser para sus preventores, con el objetivo de dotar a su cuerpo de seguridad con herramientas no letales para enfrentar delitos en la vía pública. A través de un proyecto de ley que ya está en trámite en la Legislatura, Suarez busca que los preventores cuenten con el marco legal necesario para usar estos dispositivos.
La compra del municipio capitalino forma parte de la misma licitación que lanzó el gobernador Alfredo Cornejo a finales de enero. En este caso, el Ejecutivo provincial ordenó la adquisición de 100 pistolas Taser, junto con 300 cargadores de larga y corta distancia, por una inversión de 806 millones de pesos. Se estima que los equipos llegarán recién en mayo de este año.
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La seguridad privada
Carlos Aldecoa, representante en Mendoza de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, en diálogo con Diario San Rafael señaló que “todas las empresas de seguridad pueden, cumpliendo con los requisitos, acceder a este tipo de herramientas para el cumplimiento de sus funciones”.
Recordó que la ANMAC ya habilita a las empresas de seguridad como usuarios colectivos para el uso de armas de fuego, por lo que la incorporación de armamento no letal no debería sorprender.
En cuanto a la aplicación de la norma, el especialista destacó que la reglamentación del uso de las Taser acaba de ser publicada y aún requiere ajustes antes de su implementación definitiva. “Es importante aclarar que no es que de inmediato todos los vigiladores privados tendrán un arma de este tipo”, señaló.
Aldecoa mencionó que existen alrededor de 203 empresas habilitadas, con un total de 12.000 empleados en el sector. Sin embargo, alertó sobre la presencia de una gran cantidad de empresas informales que no cumplen con los requisitos legales. “Dudo que más de 30 empresas estén en condiciones técnicas y operativas para manejar este tipo de armamento”, aseguró.
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