Una armería sueca presentó una demanda por las demoras de la Policía Provincial en otorgar las licencias de armas.
TORSBO, una armería sueca, ha enviado hoy una petición a la Procuraduría General solicitando una compensación por las pérdidas financieras ocasionadas por los extensos tiempos de procesamiento para otorgar la licencia de armas por parte de la policía en la Provincia de Västra Götalands.
Västra Götalands es la segunda provincia sueca más poblada. Está subdivida en 49 municipios o comunas. Tiene 1,590,000 habitantes (el 17% del total de Suecia) y su capital es Gotemburgo. Allí el tiempo de proceso de una licencia de armas es considerablemente más largo que el máximo permitido de 30 días. Inclusive, hay trámites que duran más de un año.
TORSBO reclama el daño económico causada a la empresa por el freno a las ventas de armas que no pueden ser adquiridas por sus clientes hasta tanto no obtengan la licencia. En tanto ellos ya le han pagado a sus proveedores, independientemente de si han sido pagadas por los clientes. Cuando los problemas son tantos y tan prolongados, el impacto económico/financiero es significativo.
“Los problemas con la gestión de licencias es una amenaza para la caza y el comercio de armas en Suecia. No funciona la gestión de licencias y los comerciantes de armas no sobrevivirán en el largo plazo. Ya podemos ver cómo la industria se está reduciendo, señaló el CEO de TORSBO Anders Toresson en un comunicado de prensa.
La razón de la larga demora en el procesamiento se enfoca exclusivamente en las Autoridades Policiales. Entre otras cosas, han solicitado exigencias que no están incluido en ninguna ley o reglamento.
Esta cuestión se aborda en la última crítica del Defensor del Pueblo. Los tribunales administrativos también han señalado en reiteradas ocasiones que la policía debe tener la base jurídica de sus decisiones.
TORSBO solicita ser compensado por sus gastos haciendo hincapié en que no es aceptable que una agencia no realice de una manera aceptable las tareas de las que es responsable.
“Debería ser obvio que las autoridades cumplan con la urgencia que la ley indica y no nosotros los dueños de negocios quienes debamos soportar las pérdidas que origina la falta de cumplimiento de la ley”, dijo Anders Toresson en el comunicado de prensa
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