Embargaron a ex funcionarios del ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe
Al mismo tiempo, se les prohibió acercarse a testigos y denunciantes del proceso en el que se los investiga. Tampoco podrán ingresar a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Economía ni a inmuebles de la policía santafesina. Y deberán informar al Ministerio Público de la Acusación (MPA) si se ausentan de sus domicilios.
Embargos de 100 mil dólares; prohibición de acercamiento y de contacto con testigos y denunciantes; prohibición de ingreso a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Economía y a inmuebles de la policía santafesina; y obligación de informar la ausencia de su domicilio son las medidas cautelares impuestas al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain y a un exsubsecretario de la misma cartera a los que se investiga penalmente.
Las cautelares fueron ordenadas por el juez Héctor Gabriel Candioti en el marco de la investigación que dirige la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del MPA a las tres personas por intentar defraudar al Estado santafesino y beneficiar a una empresa, en el marco de una licitación pública – que no llegó a concretarse – para la compra de armas para la policía de Santa Fe.
En la argumentación desarrollada en la audiencia de medidas cautelares, el MPA sostuvo que hay elementos de convicción suficientes para acreditar de que –al menos desde mayo de 2020– los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe. Según se precisó en la audiencia, la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.
El proceso licitatorio era para la compra de cinco tipos de bienes o pertrechos diferentes, incluidos en cinco distintos renglones, para la policía provincia. Lo llamativo y anormal fue que en el pliego de condiciones se obligaba a que los oferentes cotizaran para todos los ítems. Vale decir que no se podía ofrecer para comprar 12272 pistolas 9 milímetros Jericho si no se ofertaban además equipos francotirador Dan larga distancia con mira nocturna y a la vez 130 ametralladoras UZI PRO con mira 5 de punto rojo.
Se expuso que el accionar delictivo tuvo como fin beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir.
Además, la Fiscalía hizo hincapié en el testimonio brindado por el exjefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, quien afirmó que en reiteradas oportunidades, en diversas reuniones realizadas en diferentes ámbitos, el exministro imputado ya había manifestado su preferencia por las armas comercializadas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
La Fiscalía aclaró que, tras diversas intervenciones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía, la Cámara Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas), la licitación fue dejada sin efecto. También de Bersa SA, que en enero de 2021 denunció el contenido del pliego como una maniobra, Por lo tanto, los imputados no lograron su objetivo de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.
Pliego
El MPA también dio a conocer que hay serios indicios de que fue el representante de la empresa a la que se intentó beneficiar quien redactó las condiciones técnicas que debían tener las armas que se incluyeron en el pliego de la licitación. En tal sentido, la Fiscalía detalló que en dos pendrive secuestrados a los imputados y en una computadora del Ministerio de Seguridad, se encontraron archivos creados por este empresario antes de que se inicie el proceso licitatorio.
Además, según la Fiscalía, las particularidades del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la firma a la cual los imputados pretendían beneficiar.
La Fiscalía también detalló que los impactos de antena generados por teléfonos celulares del representante de la empresa dan cuenta de que en la primera mitad de 2020 estuvo en diferentes ocasiones en las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Además, se pudo determinar que en ambos lugares permaneció en inmediaciones de las sedes del Ministerio de Seguridad.
Fuente: El Litoral
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